ARTICULOS

ARGIBAY NO ES LO MISMO

ARTICULOS / 16 de Julio de 2004

Unos apoyaron a los tres; otros se opusieron a los tres. Por rotulación ideológica o especulación política, los nuevos jueces de la Corte —Zaffaroni, Higthon y Argibay— fueron respaldados o cuestionados en bloque. En el Senado, el autor de esta nota votó contra Zaffaroni y Highton (“quien fue juez de una dictadura, no puede ser intérprete de la Constitución”) pero a favor de Argibay. Aquí explica por qué

La Constitución no habla por sí misma. La hacen hablar unos ventrílocuos: los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Cada uno de esos ventrílocuos debe ser, por lo tanto, un fidelísimo intérprete de la letra y el espíritu constitucionales.

En 1976, el llamado Proceso de Reorganización Nacional arrasó con la Constitución. Las fuerzas armadas asumieron el Poder Ejecutivo, cerraron el Congreso y destituyeron a los jueces supremos.

Los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea nombraron su propia Corte. En las provincias, los interventores militares conformaron sus propios Superiores Tribunales de Justicia.

Se inauguró así un proceso durante el cual se produjo la más sistemática violación de los derechos y garantías constitucionales que se haya registrado en nuestra historia.

En esas circunstancias, el 9 de mayo de 1979, el Presidente de facto sancionó el decreto N° 1042/79, cuyo artículo 2° decía:

“Nómbrase Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, Juzgado N° 22, a la Señora Doctora Elena Inés Highton de Nolasco (D.N.I. N° 4.473.875)”.

FIRMADO: JORGE RAFAEL VIDELA

Al asumir el cargo, Highton lo hizo en nombre del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, que había arrasado con la Constitución.

No digo que ella haya sido partícipe o cómplice de los delitos cometidos en la época.

Sostengo que, habiendo integrado el sistema judicial de una dictadura —que suspendió el régimen republicano y avasalló los derechos humanos— no era la más indicada para integrar la Corte: el cuerpo al cual le corresponde velar por la vigencia de la Constitución.

Fue por eso que, en el Senado de la Nación, me opuse a la nominación de Highton como miembro de la Corte. Por la misma razón me había opuesto, en su momento, a la nominación de Eugenio Zaffaroni.

Zaffaroni también fue designado por Videla, y también juró por el Estatuto dictatorial.

Nadie niega la raigambre de ambos juristas. Cuando parte de la Corte aún arrastra el desprestigio –provocado por su “mayoría automática” y la pobreza jurídica de algunos jueces— un penalista como Zaffaroni y una civilista como Highton elevan el umbral académico del tribunal supremo.

No obstante, para construir un estado de derecho —no una Corte que nos satisfaga “en comparación” con la anterior— hace falta más que capacidad doctoral.

Se necesita un dogma democrático. Quien fue juez de una dictadura, no puede ser intérprete de la Constitución.

El caso Argibay

Carmen María Argibay Molina no tiene los antecedentes académicos de Zaffaroni y Highton; pero tiene una “larga trayectoria en el Poder Judicial”, con una “buena” actuación, “sin sobresaltos”: Es reconocida, además, por su “honestidad y laboriosidad”. Esto lo admitió el diario La Nación¸ contrario a su nominación.

Esa larga trayectoria judicial tuvo un paréntesis: lejos de ser jueza de la dictadura, Argibay –secretaria de la Cámara Nacional de de Apelaciones en lo Criminal y Correccional-- fue detenida en 1976 y pasó nueve meses bajo arresto ilegal. Su carrera judicial quedó en suspenso hasta que, restablecida la democracia, en 1984 fue designada jueza y, en 1988, camarista.

Esta mujer, hasta hoy Jueza del Tribunal Penal Internacional para Crímenes de Guerra de la ex Yugoslavia, designada por la Asamblea de las Naciones Unidas, fue entre 1998-2000 la presidente de la International Association of Women Judges (IAWJ), que nuclea a 4.000 juezas de 84 naciones.

Se ha dicho que Argibay es atea, pero la Constitución no exige que los jueces de la Corte sean creyentes.

La expresión “atea militante”, no me alarma. Militante es “todo aquél que figura en un partido o comunidad” y los Evangelios consideran cristianos “militantes” a todos los cristianos de este mundo.

Su opinión sobre el aborto, por otra parte, no creará derecho.

Ella podrá desear la despenalización del aborto, porque la amenaza penal ha probado su ineficacia y —dadas las muertes causadas por los abortos ilegales— la legalización ofrecería las garantías médicas que la clandestinidad niega.

Sin embargo, no podrá imponer su criterio. No sólo porque el suyo será un voto entre nueve, sino porque la ley argentina no deja lugar a dudas: desde la Convención Americana de los Derechos Humanos (incorporada a la Constitución nacional) hasta el Código Civil, nuestro derecho positivo declara que la vida nace en el momento de la concepción.

Presiento la réplica: “Si los jueces de la Corte son los ventrílocuos de la Constitución, como usted dice, la doctora Argibay podría hacer que la Constitución hablara a favor del aborto”.

Rechazo la posibilidad por dos razones:

  1. La trayectoria de la jueza.En su largo historial, no he encontrado casos en los cuales ella se haya apartado del texto constitucional, o lo haya distorsionado mediante interpretaciones caprichosas.
  2. El carácter supranacional del llamado “derecho a la vida” . Si Argibay convenciera al resto de la Corte, y ésta introdujera el aborto pretoriano, el caso podría ser llevado a una instancia superior: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En materia de aborto, nuestra Corte Suprema no tiene la última palabra: el Estado argentino ha reconocido la competencia de la CIDH para interpretar y aplicar la convención que lo condena.

Al discutirse el pliego de Argibay, el Senado se enfrascó en una discusión sobre “el derecho a la vida” y el “derecho de la mujer a su propio cuerpo”. Hubo, entonces, citas a biólogos y a teólogos. Se debatió como si el objeto de la sesión fuera repudiar la Convención Americana de los Derechos Humanos, modificar el artículo 63 del Código Civil y suprimir los artículos 85 a 88 del Código Penal.

Era una discusión improcedente. Ni estábamos allí para modificar las leyes sobre la materia, ni Argibay podría modificarlas con sus fallos.

Los argumentos expuestos fueron los que convendrá desarrollar el día que, en vez de rozar el tema, decidamos entrar de lleno al tratamiento del aborto: uno de los mayores dilemas éticos, religiosos y jurídicos.

Al aprobar el pliego de Argibay, tuve en cuenta todas estas razones. No formulé un juicio ideológico, no me dejé llevar por cálculos políticos, no actúe como opositor incondicional y no me guié por simpatías o antipatías.

Me ceñí, por otra parte, a los límites fijados por la Constitución. El Senado no elige a los miembros de la Corte. Los elige el Presidente de la Nación. Lo que puede hacer el Senado es “vetar” a un candidato cuando considera que existe un impedimiento para su designación.

Escrutados con ecuanimidad todos los antecedentes, encontré impedimentos en los casos de Zaffaroni y Highton; pero ninguno en el caso de Argibay.