La mayoría de los argentinos cree que, en 1810, un grupo de criollos decidió romper con España y formar un gobierno patrio: la Primera Junta.

Es falso.

O no. Depende de cómo se lo mire.

El 13 de mayo de 1810 arribó a Montevideo una fragata inglesa. Traía noticias de la Península: Napoleón —que desde 1808 mantenía cautivos a Carlos III y Fernando VII —estaba por apoderarse de España toda. La Junta de Sevilla se había disuelto y los ejércitos franceses —que al momento de partir la fragata hacia América se acercaban a las murallas de Cádiz— acaso ya hubiesen entrado en el último reducto de la resistencia.

Días más tarde, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros fue informado del colapso. Comprendiendo que el disimulo era inútil, el viernes 18 informó “a los leales y generosos pueblos de su Virreinato” sobre las “sensibles” y “desagradables” noticias provenientes de “la Madre Patria”. El fin de semana fue agitado, con reuniones entre jefes de guarnición y vecinos ilustres.

El lunes, muy temprano, se reunió el Ayuntamiento “a tratar lo conveniente a la república”, pero dejando constancia del “objeto inalterable” de conservar íntegros estos dominios” para D. Fernando VII. ¿República o monarquía? Al parecer, las dos cosas.

Lo primero que se resolvió fue pedir permiso a Cisneros para convocar a “la principal y más sana parte de este vecindario” a un Cabildo abierto. El propósito era “evitar los desastres de una convulsión popular”. La Semana de Mayo comenzó así con una actitud anti-revolucionaria y discriminatoria: el Ayuntamiento pidió al Virrey que, el día del Cabildo abierto, se pusiera “ una reforzada guarnición en todas las avenidas, ó bocas calles de la plaza, para que contenga todo tumulto, y que sólo permita entrar en ella los que con la esquela de convocación acrediten haber sido llamados”.

Cisneros estuvo de acuerdo y se comprometió a disponer que, el día señalado, se apostaran partidas, a fin de “evitar cualquier tumulto” e impedir la entrada a la plaza de aquellos que no fueran “vecinos de distinción”.

El Ayuntamiento estaba organizando ya la convocatoria cuando, desde la calle, empezaron a subir voces que pedían la renuncia del Virrey. El Comandante de Patricios, Cornelio de Saavedra, salió a hablar con los revoltosos y logró que desalojaran la plaza.

Las 450 invitaciones fueron repartidas esa misma noche. Las esquelas subrayaban que el Cabildo abierto se celebraría “con avenencia del Exmo. Señor Virrey”.

Comenzadas las sesiones, el 22, se les preguntó a los asistentes si había que sustituir al Rey. “No”, fue la respuesta. Se les consultó, entonces, si la autoridad real había caducado o estaba “en incierto”, y lo negaron. Sólo estuvieron de acuerdo en designar una autoridad superior, que sustituyera al Virrey, pero gobernara “a nombre del Sr. D. Fernando VII”.

¿Quién debía regir, entonces, el Río de la Plata? El Cabildo abierto decidió que fuera el Ayuntamiento, con voto decisivo del Síndico Procurador, hasta que se eligiera una Junta, que debería congregar a los diputados de las provincias. La votación terminó “pasadas las doce de la noche” y al día siguiente se hizo el escrutinio.

La nueva fue comunicada al Virrey el 23, mediante una nota. El Ayuntamiento le hizo saber que debía dejar el cargo, pero deslizó una propuesta: el propio Cisneros debía integrar la Junta provisional que se formaría.

Manuel José de Ocampo y Tomás Manuel de Anchorena fueron a ver al Virrey con esa oferta: que se fuera pero que se quedara. Cisneros pareció tener más claridad que los diputados, ya que requirió “se tratase el asunto con los Comandantes de los cuerpos de esta guarnición”. Comprendió que su designación en la Junta “no parecía en todo conforme con los deseos del pueblo”. Como recibió seguridades de que su participación en el gobierno naciente aseguraría la “confianza general”, aceptó.

Reunido el jueves 24, el Ayuntamiento juzgó que no podía separarse “absolutamente” a Cisneros del mando, porque en tal caso se producirían “graves inconvenientes” y correría riesgos “la seguridad pública”. Resolvió entonces “que continúe en el mando el Exmo. Sr Virrey, D. Baltazar Hidalgo de Cisneros”, con el mismo sueldo y las mismas prerrogativas, pero presidiendo un cuerpo colegiado que —además de Saavedra— integrarían un cura, un comerciante y “el Paladín de la Revolución de Mayo”, Juan José Castelli. El fin era “conservar la integridad de esta parte de los dominios de América á Nuestro Amado Soberano el Sr. D. Fernando VII y sus legítimos sucesores”.

De inmediato, decidieron auscultar la opinión de los comandantes de los cuerpos y, contando con la conformidad de éstos, fijaron el juramento de la Junta Superior Provisional Gubernativa para el día siguiente, a las 3 de la tarde.

Así surgió la verdadera Primera Junta, que no fue la presidida por Saavedra, sino la presidida por el ex Virrey.

“Hincados de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios”, Cisneros, Saavedra, Castelli, el cura y el comerciante juraron “conservar íntegros estos dominios al Señor Don Fernando VII y sus legítimos sucesores”.

Prestado el solemne juramento, partieron hacia la Fortaleza, “con repiques de campana y salva de artillería”.

Mucha gente se sintió burlada. El doble discurso del Ayuntamiento había colocado a Cisneros otra vez en el fuerte; con otro título, pero, con todos los atributos del poder y el mando de las tropas.

Esa misma noche, a las 21:30, la Junta se creyó obligada a reconocer la “agitación en que se halla alguna parte del pueblo” por no haberse excluido a Cisneros “del mando de las armas” y solicitó al Ayuntamiento que reemplazara a cualquier miembro que no tuviere la confianza popular. El propio Cisneros estaba detrás de esta demanda: hasta poco antes, la fuente de su autoridad había sido el Rey; ahora, como él mismo lo había advertido, debía ser el pueblo.

Era un razonamiento demasiado riguroso para los diputados que, ya en los albores de la nacionalidad, mostraban predilección por la ambivalencia. El viernes 25, el Ayuntamiento se reunió muy temprano y decidió confirmar a la Junta. Enseguida se redactó un oficio, haciéndole saber a Cisneros y compañía que no debía prestar “mayor consideración” a lo que solicitaba “alguna parte del pueblo”. Los diputados advertían a la Junta que ésta no tenía “facultad para desprenderse” de su poder. Más aun, le decían que —“teniendo las fuerzas á su disposición”— debía “sostener su autoridad, tomando las providencias más activas y vigorosas para contener a esa parte descontenta”. Aquellos que se decían representantes de “este pueblo leal y patriota”, mandaban a reprimirlo. Otra vez, el doble discurso.

Un grupo de vecinos, congregado frente al Cabildo, reclamaba que Cisneros fuera despojado, al menos, del mando militar; pero el Cabildo consideró que “la insistencia de una parte descontenta del pueblo” no era motivo para alterar lo resuelto el día anterior, y reiteró que la rebeldía debía ser contenida “por medio de la fuerza”. Para organizar la represión, convocó a los comandantes de los cuerpos, que acudieron a las 9 y media de la mañana.

Cuando les preguntaron si se podía contar con las armas para sostener al gobierno establecido, los comandantes —que un día antes habían avalado la designación de Cisneros— respondieron que, a causa del “disgusto general”, no sólo no podían sostener al gobierno establecido “sino que, en caso de darle apoyo, no podrían ni aun sostenerse á sí mismos; pues los tendrían por sospechosos”.

El Ayuntamiento no tenía alternativa: dos diputados fueron encargados de pedir la renuncia de Cisneros. Éste se prestó “con la mayor generosidad y franqueza, resignado á mostrar el punto a que llega su consideración por la tranquilidad pública”.

Aun con la solución en la mano, el Ayuntamiento intentó una maniobra dilatoria. Le pidió a la Junta que suspendiera “la publicación del bando” sobre la renuncia de Cisneros “hasta que por este Cabildo se le informe de sus últimas determinaciones”.

Las “últimas determinaciones” consistieron en integrar otra Junta, presidida por Saavedra. Algunos temían que tampoco esto conformara al pueblo, y se decidió que la resolución le fuera leída a la multitud, para que ésta los aprobara de viva voz.

El “pueblo que colmaba la plaza” es, en realidad, parte del doble discurso de nuestra historia. Había un grupo ruidoso pero reducido. Se supone que los demás, “por ser hora inoportuna, se habían retirado a sus casas”. Sin embargo, uno de los que quedaban pidió que se tocara la campana y advirtió que, si no había badajo, “mandarían ellos tocar generala”.

Entonces, “con el fin de evitar la menor efusión de sangre”, los diputados decidieron que esos vecinos excitados representaban al pueblo. Fue ese grupo el que aprobó la constitución de la segunda Junta, llamada Primera Junta por nuestra historia.

La integraban Saavedra, Castelli, Belgrano, Azcuénaga, Alberti, Mateu, Larrea y los secretarios Passo y Moreno.

Otra vez, “hincado de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios”, cada uno juró fidelidad al Rey, comprometiéndose a “conservar integra esta parte de América a nuestro augusto Soberano el Sr. D. Fernando VII y sus legítimos sucesores”.

En el caso de Saavedra y Castelli, no era sólo doble discurso: era doble juramento. En 24 horas, habían jurado dos veces preservar estas posesiones para el Rey.

Como el día anterior —cuando cruzaran la plaza secundando a Cisneros— se dirigieron a la Fortaleza, “con repiques de campana y salva de artillería”.

En la sede del Ejecutivo, la Junta Provisional Gubernativa de la Capital del Río de la Plata emitió su primera proclama, “a los habitantes de la ciudad y de las provincias de su superior mando”. En ella reiteraba “la más constante fidelidad y adhesión a nuestro muy amado Rey, el Señor D. Fernando VII y sus legítimos sucesores en la corona de España”.

Al día siguiente, en una circular dirigida a los pueblos del interior, la Junta explicó que actuaba movida por “su lealtad, celo y amor por la causa del Rey Fernando”, procurando evitar que —faltando el monarca, y no habiendo designado éste un regente— “hombres desencontrados” pudieran promover una “revolución”. La Junta se definió a sí misma, en esa circular, como “la base fundamental sobre que debe elevarse la obra de conservación de estos dominios al Sr. D. Fernando VII”.

La razón de tanta lealtad era que, se suponía, Fernando no recuperaría jamás su corona. Ocultos bajo la máscara de un Rey ausente, los criollos fueron avanzando:

• Mariano Moreno propuso una constitución, basada en la de los “Estados-Unidos de la América”, de 1787.
  
  
• En el “Reglamento de División de Poderes”, del 22 octubre de 1811, ya se dejó de hablar de “dominios” y se comenzó a hablar de Nación: “Una Nación tiene derecho á establecer un gobierno”.
  
  
• En ese mismo documento se negó por vía indirecta que el Rey fuera el “representante de Dios en la Tierra” y se ofreció una versión criolla de la teoría de Rousseau, para quien el origen del poder era la “voluntad general”. Decía el Reglamento: “Aunque es cierto que la Nación había transmitido en los reyes el Poder Soberano, siempre fue con la calidad de reversible, no sólo en el caso de una deficiencia total, sino también en el de una momentánea y parcial”.
  
  
• En otra manifestación de doble discurso, el 22 de noviembre de 1812 se aprobó el “Estatuto Provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata”. Su introducción habla de “la causa sagrada de la libertad” y narra los esfuerzos de “nuestro ejército” para contener “al enemigo” español en el Alto Perú. No obstante, la parte dispositiva dice que el gobierno se titulará “Gobierno superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre del Señor D. Fernando VII”.
  
  
• Un proyecto de Constitución provisoria, elaborado en 1811, estableció que “los Señores del Gobierno ejecutivo prestarán ante el pueblo de Buenos Aires un solemne juramento de [...] conservar ilesos [los] derechos ejecutivos del Rey Don Fernando 7°, cuyas veces ejercen”. De hecho, esta Constitución pretendía crear una monarquía parlamentaria, en la cual “el Rey reina pero no gobierna”; o, al menos, no legisla. La introducción lo dice sin ambages: “Los Reyes de España, no contentos con el gobierno ejecutivo que les había concedido la nación, se usurparon el derecho soberano legislativo, [que] por naturaleza [es] incomunicable, inalienable é imprescriptible. [Ahora], éste ha vuelto, tanto a los pueblos de España como de América, por la prisión del Rey Fernando. Y pues los pueblos de España, usando de este soberano derecho legislativo están formando su constitución, los de América, que se creen con igual inconcluso derecho, también forman la suya; dejando ambos ilesos los derechos del Rey Fernando al Gobierno Ejecutivo que le han concedido uno y otro pueblo”.
  
  
• El 18 de febrero de 1812 se creó la escarapela de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la cual “deberá componerse de los dos colores blanco y azul celeste”. Parecía un modo de romper con España y su insignia rojigualda. Sin embargo, blanco y azul celeste eran los colores de la Real Orden de Carlos III, que distinguía a los Borbones. En el retrato de Goya, Fernando VII lleva una banda igual a la que, luego, adoptarían los presidentes argentinos.
  
  
• La Asamblea del Año XIII proclamó que residía en ella la representación, y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata”. Se olvidó de Fernando VII, y tomó una serie de medidas que (parecía) iban a culminar con la proclamación de la independencia:
  
  
  • Creó un sello oficial con la inscripción “Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
    
    
  • Mandó a sustituir “las armas del Rey” por “las armas de la Asamblea”.
    
    
  • Instituyó el 25 de mayo como fiesta cívica para “inmortalizar el día del nacimiento de la patria”.
    
    
  • Aprobó el Himno Nacional, que condena al “vil invasor”, habla de “rotas cadenas”, repite “el grito sagrado” (“Libertad, libertad, libertad”), proclama que “se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación”, e imagina que “los libres del mundo responden: ¡Al gran pueblo Argentino, salud”!”
    
    
• Sin embargo, la Asamblea se rehusó a declarar la independencia de modo formal. Una comisión ad hoc, que debía redactar una Constitución, diseñó un “Estado libre é independiente”, pero su proyecto no fue aprobado. Tampoco se aprobó el de la Sociedad Patriótica, que pretendía dar origen a un “Estado indivisible”; ni otros dos borradores que preveían crear una “república libre é independiente” o una “confederación perpetua”. La Asamblea no se puso la máscara de Fernando VII, pero las Provincias Unidas del Río de la Plata siguieron siendo, al mismo tiempo, un país independiente y una colonia.

Como país independiente, luchó contra los “realistas” que pretendían conservar la colonia. Es cierto lo que señala el historiador Vicente F. López: la Junta “mandó derrocar por las armas a todos los que hubieran podido estar a favor del Rey”.

Vicente D. Sierra se esfuerza por defender a los hombres de Mayo: “No fueron perjuros al jurar fidelidad a Fernando VII, ni cínicos al repetir que sus intenciones fueran [...] conservar intactos estos dominios para el legítimo representante de la monarquía española [...] Fue la conducta de los españoles y sobre todo, la de Fernando al ser restituido al trono de sus mayores, la que acabó de borrar toda disposición en favor del mantenimiento de la unidad de la monarquía española”.

Sin embargo, Fernando fue restituido en 1812. Para entonces, los “patriotas” ya habían derrotado a los “realistas” en Suipacha, Tucumán y San Lorenzo.

La “máscara” fue parte, sin duda, de un doble discurso. También se la usó en México, donde el historiador Marco Antonio Landavazo pretende –como Sierra aquí—explicar lo inexplicable.

Tras la derrota de Napoleón, Fernando VII volvió en 1812 y proclamó la monarquía absoluta. Cuatro años más tarde, la Argentina aún no se había declarado independiente, y José de San Martín tuvo que emplazar al Congreso de Tucumán para lograr que, por fin, naciera a la faz de la tierra la nación anticipada por el himno en 1813.

San Martín mismo sería acusado, muchas veces, de doble discurso. Juan Bautista Alberdi le adjudicó uno triple: “San Martín era un raro general argentino, que empezó por defender a los españoles y acabó por defender a los chilenos y peruanos”. Justa o injusta la crítica alberdiana, es expresión de un país que nació pronunciando discursos contradictorios y cuyos hijos, a lo largo de 194 años, han vivido pensando que el otro nunca es lo que aparenta y nunca dice lo que piensa.