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"Se termina creando, de contrabando, el Fondo Monetario Nacional, que es un franchising del FMI"

ARTICULOS / 09 de Julio de 2004

Terragno fundamentó su abstención al proyecto. Sostuvo que partiendo de la necesidad de armonizar las políticas fiscales de la Nación y las provincias, de establecer pautas de equilibrio fiscal, de homogeneizar las cuentas de las distintas jurisdicciones, se termina, de contrabando, creando el Fondo Monetario Nacional, que es un franchising del Fondo Monetario Internacional

Sr. Terragno. ¬ó Se√Īor presidente: pido al cuerpo permiso para abstenerme, pero quiero fundar este pedido. Creo indispensable un acuerdo entre jurisdicciones que garantice la responsabilidad fiscal y me parece desafortunado que desaprovechemos esta oportunidad.

El proyecto que tenemos en consideraci√≥n tiene elementos positivos, pero mete de contrabando disposiciones que atentan contra el federalismo y pueden ser como la convertibilidad, un corset que lleve a la recesi√≥n. El oficialismo nos plantea que hay que votar el proyecto en general as√≠; que despu√©s, discutamos en particular. No es as√≠, se√Īor presidente. Un proyecto de ley de esta importancia debe estar definido desde el principio. Se puede votar un proyecto en general y luego discutirlo en particular cuando uno tiene disidencias marginales.

Quiero se√Īalar cu√°les son los elementos que yo encuentro positivos de la iniciativa, para despu√©s indicar cu√°les son los que me llevan a solicitar autorizaci√≥n para abstenerme, por considerarlos demasiado negativos como para acompa√Īar el proyecto.

En primer lugar, por supuesto, todos estamos de acuerdo con que tendría que haber una ley de coparticipación como la Constitución manda. Pero yo tengo para mí que la Constitución nos ha impuesto condiciones de cumplimiento imposible, porque la distribución entre la Nación, las provincias, la ciudad Buenos de Buenos Aires y entre estas, primero tiene que responder a criterios objetivos de reparto que contemplen las competencias, los servicios y las funciones de cada jurisdicción; segundo, además tiene que ser solidaria y dar prioridad al logro de un grado de equivalencia de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional; y tercero, requiere el acuerdo previo entre la Nación y las provincias. Al no establecer una mayoría suficiente, se entiende que el acuerdo debe ser unánime, por lo que cada jurisdicción tiene el poder de veto.

Esto nos ha trabado durante a√Īos. Se quiso resolver por pactos fiscales, pero los pactos fiscales son ef√≠meros y, adem√°s, no se cumplieron: estuvo el del 12 de agosto de 1992, el del 12 de agosto de 1993 y el del 17 de noviembre de 2000. De hecho, no tenemos un buen recuerdo de ellos. Eran pactos fiscales que tend√≠an a eliminar impuestos, a armonizar reg√≠menes tributarios, a limitar el gasto p√ļblico y a garantizar un piso de recursos. Ahora, si no podemos tener una ley de coparticipaci√≥n y los pactos son ef√≠meros e insuficientes, una ley que regle la relaci√≥n entre la Naci√≥n y las provincias ¬óque establezca l√≠mites al endeudamiento, tienda al equilibrio fiscal¬ó parece razonable.

Como dec√≠a, en el proyecto hay algunos elementos positivos: los presupuestos deben incluir la totalidad de los egresos, cualquiera fuere su car√°cter o imputaci√≥n, incluyendo los fondos fiduciarios, que han sido fuente de irregularidades en la contabilidad p√ļblica, tanto del Estado nacional como de los Estados provinciales; todas las jurisdicciones tienen que adoptar las mismas convenciones presupuestarias a fin de permitir las comparaciones; todas tienen que adoptar par√°metros comunes para medir la eficiencia; las distintas jurisdicciones tienen que observar el equilibrio financiero; el endeudamiento tiene que ser limitado; se crea un Consejo Federal de Responsabilidad, que te√≥ricamente supone la armonizaci√≥n de criterios entre la jurisdicci√≥n nacional y las jurisdicciones provinciales.

Ahora bien, este proyecto tiene elementos fuertemente negativos: el gasto p√ļblico puede aumentar m√°s que el producto bruto a los efectos de pagar intereses de la deuda, pero no a los efectos de realizar gastos de capital; se permite a las provincias incrementar sus gastos por encima del aumento del producto previsto, a fin de financiar gastos de capital destinados a infraestructura social b√°sica necesaria para el desarrollo econ√≥mico-social ¬óexpresi√≥n deliberadamente vaga, que abre la puerta a la discrecionalidad del gobierno central, que es el que juzgar√° qu√© es b√°sico y qu√© es necesario¬ó; la venta de activos de los Estados provinciales s√≥lo podr√° aplicarse al pago de deuda.

Dice después, en un agregado, que queda expresamente establecido que la venta de activos podrá destinarse a financiar erogaciones de capital. Aparentemente, es un injerto que se hizo sin tener en cuenta que la parte anterior del artículo decía lo contrario.

Equipara gastos corrientes y gastos de capital a los fines de estas limitaciones; establece un límite a la nueva deuda igual al 15 por ciento de los recursos netos, cualquiera sea la situación fiscal y cualquiera sea el grado de endeudamiento de cada jurisdicción; establece que es el Ministerio de Economía de la Nación el que autorizará los créditos y el que determinará las condiciones de refinanciación; crea un órgano de aplicación que también deja ciertas dudas sobre si no hay una superposición con las funciones del Congreso, aunque sea este el que deba aprobar la ley de presupuesto, porque prácticamente lo establece como una pre ley. Dice que el Estado nacional tendrá poder de veto en materia de evaluación del cumplimiento de la ley, y esto, en conjugación con el artículo 32, significa que el Estado nacional podrá, por sí mismo, restringir el derecho a veto en el Consejo, restringir beneficios impositivos, limitar las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática, o sea, establecer un embargo. Habla de un Comité Ejecutivo de la Nación y otros distritos y no especifica sus funciones. En definitiva, partiendo de un concepto que merece ser compartido, como es la necesidad de armonizar las políticas fiscales de la Nación y las provincias, de establecer pautas de equilibrio fiscal, de homogeneizar las cuentas de las distintas jurisdicciones, termina, de contrabando, creando el Fondo Monetario Nacional, que es un franchising del Fondo Monetario Internacional. Así como el FMI fija pautas, impone condiciones y hasta obliga a que se sancionen leyes, el Fondo Monetario Nacional estaría fijando pautas, obligando y presionando a las provincias. Esto es preocupante, porque el Fondo Monetario Internacional fue el que fijó las pautas, el que promovió y el que avaló un régimen de convertibilidad entre 1995 y 2001, generando el sobreendeudamiento, el macrodesempleo y la propagación de la pobreza en el país. La Nación, a su vez, tiene muy pocos títulos para aparecer dictándole cátedra a las provincias sobre lo que tienen que hacer, toda vez que se consumió los 39 mil millones de dólares de las privatizaciones, se endeudó por encima de sus posibilidades, no hizo la reforma de la administración central; no cumplió con leyes que fueron sancionadas con fines equivalentes a los de esta ley.

La Constituci√≥n Nacional dice que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y c√°lculo de recursos de la administraci√≥n nacional, sobre la base del programa general de gobierno y el plan de inversiones p√ļblicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversi√≥n; es decir, el balance. Porque el presupuesto es una promesa, pero despu√©s hay que ver c√≥mo se cumple esa promesa, y eso es la cuenta de inversi√≥n. La ley dice que esa cuenta de inversi√≥n debe ser la base del presupuesto; es decir que para elaborar el presupuesto de un a√Īo hay que tener en cuenta el balance del a√Īo anterior. La cuenta de inversi√≥n debe ser aprobada por el Congreso. La √ļltima que hemos aprobado corresponde a 1996. Ello quiere decir que todav√≠a no hemos dado conformidad a los balances nacionales de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

La Nación, antes de convertirse en la tutela de las jurisdicciones provinciales, debería hacer un autoexamen, porque si ese Consejo fuera para coordinar o armonizar criterios, bienvenido, pero si es simplemente una fachada para que la Nación imponga criterios fiscales a las provincias, actuando a la vez como representante del Fondo Monetario Internacional, creo que estamos equivocando el camino.

Es por ello, que teniendo en cuenta la necesidad de la existencia de una ley que regule las relaci√≥n Naci√≥n-provincias, a falta de una ley de coparticipaci√≥n que me parece poco realista que podamos lograr en el futuro posible, por las condiciones impuestas por la Constituci√≥n ¬óque he se√Īalado¬ó y por la experiencia que hemos tenido en estos a√Īos, desde que venci√≥ el plazo establecido por la propia Constituci√≥n ¬óel 31 de diciembre de 1996¬ó, por la importancia que tiene que garanticemos rec√≠procamente el equilibrio fiscal y por la necesidad que nos demuestra la experiencia de poner l√≠mites al endeudamiento, yo no querr√≠a votar en contra del principio de este proyecto de ley. Pero al negarse la posibilidad de discutir aquellos elementos que ¬óa mi juicio¬ó traicionan ese esp√≠ritu y pueden convertir a esta ley en un elemento negativo, me niego a aceptar el criterio de "primero aprueben y despu√©s negociamos", porque creo que no es as√≠ c√≥mo se discute una ley. Ni siquiera hay un programa nacional de refinanciaci√≥n de las deudas provinciales, porque tambi√©n a las provincias se les dice "primero, logren la aprobaci√≥n y despu√©s, hablamos". Me parece que si esto es solamente un t√≠tulo para llevar a la mesa de negociaci√≥n con el Fondo Monetario Internacional, se frustra el prop√≥sito que yo creo atendible y que, en principio, comparto. Sancionar t√≠tulos no es funci√≥n de este Congreso. Nosotros estamos aqu√≠ para sancionar leyes meditadas, serias, viables y duraderas. Por lo tanto, compartiendo la idea de acordar un r√©gimen de responsabilidad fiscal y armonizar las pol√≠ticas fiscales de las distintas jurisdicciones, pero habida cuenta de las objeciones que he hecho al articulado y de la posici√≥n del bloque oficialista ¬óque se ha negado a modificar algunos de estos puntos¬ó, solicito que se me permita abstenerme de votar y, en el supuesto de que este proyecto alcance en general la mayor√≠a necesaria para su aprobaci√≥n, voy a plantear la discusi√≥n en particular.