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El suicidio del Congreso

ARTICULOS / 07 de Agosto de 2006

 Hasta 2009, el Ejecutivo podrá legislar sobre educación, transporte, servicios públicos, administración general del país y otros temas que la Constitución reserva al Legislativo.

Los senadores tragaron un barbitúrico más.

Fue el miércoles 2, al mismo tiempo que los diputados digerían la píldora de los superpoderes.

Ya unos y otros habían dejado disolver, bajo la lengua, una droga peligrosa: su marca es DNU y su nombre científico, Decretos de Necesidad y Urgencia.

Así avanza el lento suicidio del Congreso.

El oficialismo no gime por la agonía parlamentaria. Al contrario. Cree que el país debe gobernarse, con decisión y firmeza, desde la Casa Rosada.

La senadora Cristina Fernández de Kirchner se confesó, el miércoles, "escéptica", sobre la "capacidad operativa" del Congreso, y puso en duda que las cámaras puedan poner "un poco de racionalidad en las discusiones". "Racionalidad", se entiende, significa "anuencia".

El barbitúrico -Legislación Delegada- tenía un envase que despistó a la mayoría de la oposición.

Tan intransigentes frente a otras afrentas institucionales, en este caso hubo opositores que obraron con indulgencia.

No lo hicieron por complicidad, sino por error.

La Cámara alta sancionó, con 41 votos a favor y sólo cuatro en contra, una ley que -si es aprobada por Diputados- autorizará al Ejecutivo a legislar, hasta el 24 de agosto de 2009, sobre las siguientes materias:

a) "La creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y de toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder Legislativo nacional crear, organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos:

·  el correo,

·  los bancos oficiales,

·  entes impositivos y aduaneros,

·  entes educacionales de instrucción general y universitaria, así como:

·  entidades vinculadas con el transporte y la colonización.

b) "La fijación de las Fuerzas Armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno.

c) "La organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los ministerios.

d) "La creación, organización y atribuciones de un organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal.

e) "La legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Honorable Congreso de la Nación.

f) "Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo nacional que se relacione con la administración del país".

¿Por qué la abrumadora mayoría del Senado votó una norma semejante?

Para entenderlo (no para justificarlo) se necesita un poco de historia:

·  Por una práctica viciosa, previa a la reforma constitucional de 1994, el Congreso había delegado -con frecuencia y de manera irrestricta- facultades en el Poder Ejecutivo. Era necesario acabar con tal irregularidad, sin afectar la seguridad jurídica. Los constituyentes, entonces, le pusieron al Congreso un plazo. En el término de cinco años debía revisar la legislación delegada preexistente y decidir qué normas quería ratificar; las otras caducarían, de forma automática, en 1999.

·  Llegó 1999 y el Congreso no había revisado nada. Se dijo entonces que, en caso de caer toda la legislación delegada, se crearía un vacío jurídico. Desde la AFIP hasta las privatizadas quedarían "en el aire".

 

·  Fue por eso que el 11 de agosto de 1999 se sancionó la ley 25.148, cuyo artículo 3° dice: "Apruébase la totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994".

·  Con eso bastaba para evitar el temido vacío jurídico. Sin embargo, en el momento de sancionarse la ley faltaban dos meses y medio para las elecciones presidenciales, y el oficialismo aún confiaba en retener el poder. Por eso, no contento con aprobar toda la legislación delegada, quiso prorrogar la legislación delegante. La misma ley 25.148 estableció: "Ratifícase en el Poder Ejecutivo, por el plazo de 3 años [...] la totalidad de la delegación legislativa [...] emitida con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento". El propósito (inconstitucional) era prolongar la vida de las delegaciones legislativas que había coleccionado, en particular, el presidente Menem. Para lograr delegaciones nuevas hacía falta cumplir con los requisitos del actual artículo 76 de la Constitución que, según el constitucionalista Horacio Quiroga Lavié, encierra "una de las más severas limitaciones al poder presidencial que ha dispuesto la reforma".

·  En 2002 y 2004, con el pretexto de llenar el "vacío jurídico" -que ya no existía, porque la ley de 1999 había aprobado "la totalidad" de la legislación delegada preexistente- se sancionaron otras dos leyes, cuyo único propósito fue que el Ejecutivo siguiera usando aquellos poderes delegados a Menem.

El miércoles se recurrió una vez más al argumento del "vacío legislativo" para lograr que el presidente Kirchner no pierda esos viejos cheques en blanco, provenientes de chequeras que tienen más de 12 años.

En 2004, el senador Giustiniani y yo nos opusimos a la sanción de una ley semejante. Se nos dijo que estábamos errados: la intención no era recortar las facultades del Congreso, sino garantizar la "seguridad jurídica".

Los hechos (no es para celebrarlo) confirmaron nuestros vaticinios. El texto que se sancionó el miércoles aprueba "la totalidad de legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley". Esto es, la emitida por Kirchner en los últimos dos años.

Son, según mi contabilidad, 19 decretos.

Cito sólo uno: el que transformó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) en un "organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera y dotado de personería jurídica propia en el ámbito del derecho público y privado". La Oncca asigna la cuota Hilton, opera el Registro de Operaciones de Exportación (ROE), regula el comercio exterior agropecuario y ha implementado la prohibición de exportar carne.

Esta Oncca surge del decreto 1067/2005. Es cierto: leer considerandos es tarea fastidiosa. Sin embargo, en este caso conviene hacerlo:

"Visto... que por la ley Nº 25.918 se ratificó en el Poder Ejecutivo Nacional a partir del 24 de agosto de 2004 y por el plazo de dos años la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración, entre las que se encuentran la creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y de toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Honorable Congreso de la Nación, así como crear, organizar y fijar sus atribuciones (...) El presidente de la nación argentina decreta: Artículo 1°) Créase, como organismo desconcentrado ... (etc.)".

Más claro, imposible. El propio Ejecutivo está admitiendo que:

·  La creación de este organismo descentralizado corresponde al Congreso.

·  Sin embargo, la ley de 2004 prorrogó la delegación legislativa previa a 2994.

·  En virtud de esa ley, el Ejecutivo crea en 2005 este organismo descentralizado que debería haber creado el Congreso.

En el debate de la última semana (como en el de 2004) se utilizó un sofisma: "La Constitución nos ha dado la facultad de rescatar parte de la legislación delegada anterior a 1994, pero, mientras no tengamos el Digesto Jurídico, actualmente en elaboración, no sabremos cuál es la legislación que queremos rescatar, y cuál la que preferimos dejar que se hunda".

Tarde. Para elegir el Congreso tuvo cinco años, hasta 1999. Ahora, no puede decir "esto sí, esto no". Ya ha aprobado "la totalidad de la legislación delegada, sancionada hasta 2006 al amparo de la legislación delegada preexistente a la reforma de 1994".

El Digesto -una recopilación y depuración del ciento por ciento% de las normas sancionadas desde 1853- permitirá saber qué leyes y decretos están vigentes.

Con respecto a esa legislación delegada, el Digesto no podrá sino decirnos que -según lo resuelto por las leyes 25.148, 25.645 y 25.918- "la totalidad" de tal legislación está vigente.

No existe (ni la semana pasada había peligro de que existiera) un "vacío jurídico".

Ese fue un señuelo que se puso, una vez más, para obtener la prórroga de la legislación delegante.

Por tres años más, el Ejecutivo gozará de delegaciones hechas antes de la reforma constitucional de 1994.

Mientras, el Congreso -rendido por los narcóticos, anestésicos y otros depresores que se le hace consumir- comienza a mostrar signos de apnea.

Su respiración se hace cada vez más lenta.

El autor es senador nacional.